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BOLETÍN NO. 415

Junio 2015

1. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES Concepto  220-047905 del 01 de abril de 2015
Las actas son documentos mediante los cuales, de una parte, se formalizan las decisiones de los órganos sociales o cuerpos colegiados (junta de socios, asamblea general, junta directiva) o de la celebración de un acuerdo de reorganización entre la sociedad deudora y sus acreedores, y de otra, constituyen prueba de todos los hechos acaecidos en la reunión y de las decisiones adoptadas en la misma.

Concepto 220-048410 del 06 de abril de 2015
Los libros y documentos sociales deberán ponerse a disposición de los accionistas junto con el inventario y el balance general de cada ejercicio social durante los quince días hábiles anteriores a la celebración de la reunión de asamblea general en que éstos se hayan de someter a su consideración, en las oficinas de administración de la compañía.

Concepto 220-048840 del 08 de abril de 2015
Las acciones comunes respecto de las cuales se haya pactado expresamente el derecho de preferencia”, el cual de encontrarse pactado en los estatutos supone que las acciones en venta se le deben ofrecer primero a los accionistas restantes o a éstos y la sociedad según se haya estipulado y, en el evento de no optar aquellos por adquirirlas, entonces ahí sí ofrecerlas a los terceros en general. Dicha negociación podrá hacerse por un simple acuerdo entre las partes intervinientes en la operación respectiva.

Concepto 220-051233 del 10 de abril de 2015
La sucursal, en este caso de sociedad extranjera, no es un ente autónomo distinto de la casa matriz por cuanto no goza de personería jurídica independiente, toda vez que es ésta quien la crea, por decisión del órgano de dirección, otorgándole a la sucursal ciertas facultades para el desempeño de las actividades que le asigna, observando las formalidades exigidas por la ley y sin desbordar el marco de capacidad de la persona jurídica creadora de este instrumento de descentralización e internacionalización del capitalismo.

Concepto 220-053514 del 20 de abril de 2015
“Cuando el contador público sea requerido para actuar como auditor externo, revisor fiscal, interventor de cuentas o árbitro de controversia de orden contable, se abstendrá de aceptar tal designación si tiene, con alguna de las partes, parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero civil, segundo de afinidad o si median vínculos económicos, amistad íntima o enemistad grave, intereses comunes o cualquier otra circunstancia que pueda restarle independencia u objetividad a sus conceptos o actuaciones” .

Concepto 220-053492 del 20 de abril de 2015
Para todos los efectos legales se entenderá que las pérdidas afectan el capital cuando a consecuencia de las mismas se reduce el patrimonio neto por debajo del monto de dicho capital, se considera que rige también en la aplicación del artículo 490 del Código aludido, por remisión del artículo 497 por cuanto, al igual que en una compañía nacional, la ocurrencia de pérdidas que afectan el capital por exceder los límites indicados en relación a su patrimonio, la colocan en una causal de disolución, en el caso de una sucursal de sociedad extranjera ocurre lo mismo, para lo cual debe tenerse presente que es el capital asignado, como lo señala de manera expresa la norma, es decir, sin incluir la inversión suplementaria.

Concepto 220-053745 del 21 de abril de 2015
Cuando quiera que en las actas se pretenda incluir datos exigidos por la ley o el contrato que hubieren sido omitidos inadvertidamente, el presidente y secretario de la reunión elaborarán actas adicionales a la mencionada, suscritas por ellos, para suplir la referida omisión. Además, de acuerdo con la citada norma, en el evento que en dichas actas se tratare de aclarar o de hacer constar decisiones de los órganos, la aludida acta adicional deberá ser aprobada por el respectivo órgano o por las personas que este hubiere designado para el efecto, esto es, para su aprobación.

Concepto 220-058148 del 22 de abril de 2015
Las sumas debidas a los asociados por concepto de utilidades formaran parte del pasivo externo de la sociedad y podrán exigirse judicialmente. Prestarán mérito ejecutivo el balance y la copia auténtica de las actas en que consten los acuerdos válidamente aprobados por la asamblea o junta de socios.

2. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
2.1.Superindustria modifica parámetros para informar integraciones empresariales en Colombia La nueva Resolución de la Superindutria, expedida por mandato del artículo 10 de la Ley 1340 de 2009, modifica la información que deben allegar las intervinientes en un proceso de integración empresarial ante la Autoridad de Competencia, y fija los parámetros que deben tener en cuenta las empresas al momento de surtir trámites de integración ante la SIC.
Los cambios realizados buscan simplificar y aclarar los trámites de notificación y pre-evaluación, ajustándolos a los parámetros internacionales, y reducir los riesgos para las empresas al realizar una integración empresarial.
La revisión ex ante de las integraciones empresariales por parte de la Superindustria pretende evitar que a través de este tipo de operaciones se produzcan restricciones indebidas a la competencia, o se creen o refuercen posiciones de dominio en el mercado.
La Resolución 10930 de 2015 modifica la Resolución 12193 de 2013, que hasta la fecha establecía la información que debía ser allegada en este tipo de trámites y los parámetros para entregarla.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) mediante Resolución 10930 de 2015, modificó los parámetros que deben tener en cuenta las empresas intervinientes al momento de informar una integración ante la Superintendencia de Industria y Comercio. De esta forma, a partir de la fecha las empresas que tengan la intención de realizar una concentración empresarial, deberán tener en cuenta las reglas establecidas en la Resolución 10930 de 2015.
Dentro de las modificaciones que introduce la Resolución se resaltan las siguientes novedades:
En primer lugar, establece que al momento de determinar si una integración debe ser informada o no (teniendo en cuenta el tamaño de las empresas), las intervinientes sólo deberán sumar los ingresos operacionales o activos totales que se encuentren ubicados en el territorio nacional, y no en el extranjero. Lo anterior teniendo en cuenta que sólo los ubicados en el territorio nacional son los susceptibles de afectar realmente la competencia en el mercado colombiano.
En segundo lugar, reduce el monto de la información que deben allegar las intervinientes, incluyendo la relacionada con las inversiones que tienen en otras empresas. De ahora en adelante, las intervinientes sólo tendrán que allegar información relacionada con inversiones en otras compañías que tengan una relación vertical u horizontal.
En tercer lugar, la nueva norma aclara la forma en que la Superindustria realizará requerimientos de información adicional a las intervinientes, y cómo dichos requerimientos afectan el término de (3) meses que tiene la Entidad para decidir la integración.
Finalmente, y sólo en los casos donde las empresas informan una operación de concentración a la Superindustria por la vía de notificación, la Entidad tendrá diez (10) días hábiles para revisar la información aportada para emitir el acuse de recibo. En caso de no encontrar elementos suficientes para validar que las cuotas de mercado de las intervinientes son inferiores al 20%, se le informará a las empresas para que presenten una nueva solicitud de autorización por la vía de pre-evaluación, si es que no han concretado ya la operación.

2.2.Riesgos en la divulgación de información personal en internet sin los controles necesarios
La Superintendencia de Industria y Comercio, sancionó, en primera instancia, a la Compañía Nacional de Chocolates S.A.S., por no conservar la información personal de los titulares bajo las condiciones de seguridad necesarias, pues divulgó por internet sin restricción alguna los datos personales de siete mil seiscientos setenta y un (7.671) titulares, los cuales se encontraban registrados en una lista que se visualizaba en una dirección web.
En virtud del principio de circulación restringida, los datos personales de los titulares no deben estar disponibles en internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido sólo a los Titulares o terceros autorizados. Esta disposición busca precísamente minimizar los riesgos de filtración de información personal así como su uso indebido.

3. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
Certificados de existencia y representación legal en linea, autenticidad y alcance probatorio. Concepto 2015025011-004 del 6 de abril de 2015
Las certificaciones de existencia y representación legal de las entidades vigiladas que expide en línea la Superintendencia Financiera en ejercicio de sus funciones, mediante la aplicación dispuesta en la página institucional ubicada en el sitio oficial de la red de internet o portal Web, a través de la cual podrá obtenerse en documento digital o imprimir su texto, son documentos públicos electrónicos válidos y originales, amparados bajo la presunción de autenticidad y, por tanto, admisibles como medio de prueba en toda actuación administrativa o judicial, razón por la cual no se les negará su eficacia, validez o fuerza probatoria por el solo hecho de que se trate de un mensaje de datos (archivo electrónico) o por ser aportada su reproducción

3.2.Microcrédito, monto máximo, comisiones, honorarios. Concepto 2014056513-007 del 13 de abril de 2015.
Los establecimientos de crédito pueden otorgar microcréditos (uno o varios) por un monto superior 25 SMMLV, siempre y cuando el saldo de endeudamiento del deudor con el sector financiero y otros sectores, excluyendo créditos hipotecarios para vivienda, no exceda de ciento veinte (120) SMMLV al momento de aprobación de la respectiva operación. No obstante, en estos créditos no podrán cobrarse las comisiones y honorarios autorizados en la Ley 590 de 2000. Para efectos de tales cobros, el monto máximo por operación de microcrédito es de veinticinco (25) SMMLV siempre y cuando cumplan las actividades definidas por ley.

3.3.Sarlft, lista Clinton, negación de servicios financieros, valoración del riesgo por parte de cada entidad. Concepto 2015017527-002 del 5 de marzo de 2015.
El sólo hecho de que una jurisdicción o persona esté incluida en “listas internas o de control”, no significa que la operación que realice deba ser calificada como sospechosa, previamente se debe evaluar y analizar el contexto de información y de las operaciones que el cliente efectúe en el marco de la relación de negocios con el sujeto obligado y en este sentido cada entidad valorará el riesgo de la ejecución y desarrollo de un determinado tipo de operación y determinará su procedencia para adelantarla o no, pudiendo existir entidades bajo las cuales su sistema de administración de riesgos permita la ejecución de operaciones con jurisdicciones calificadas como riesgosas bajo la aplicación de procedimientos internos de verificación del origen de los recursos que permitan su ejecución.

4. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
4.1.Banco, responsabilidad civil por actuaciones de sus empleados
Sentencia del 11 de marzo de 2015. Radicación 42012. El Banco sin ser autor o partícipe de la conducta punible, en su condición de tercero civilmente responsable, tiene la obligación de indemnizar los perjuicios causados, en el entendido de que actuó como un patrono que no se cuidó, en este caso, de escoger y vincular como trabajadores a personas idóneas, probas y de buena conducta, razón por la cual corre con la carga de responder por los daños causados por sus dependientes con ocasión del servicio que aquellos le prestaban, máxime cuando la entidad se benefició de esa conducta, en tanto la actuación ilegal le reportó el incremento de su patrimonio, representado en la recuperación de obligaciones de difícil recaudo.

4.2.Cláusula de exclusión en contrato de seguro de vida grupo. Concepto y alcance. Enfermedades preexistentes de los asegurados que no hubiesen sido declaradas ni autorizadas previamente
De la oportunidad de formular las excepciones en la contestación de la demanda a partir de la doctrina de la Corte de SC de 2 de noviembre de 1970 en torno al artículo 341 del Código Judicial. Análisis jurisprudencial sobre normas procesales que han perdido su vigencia (SC4574-2015; 21/04/2015)
Informa la Corte que la conducencia del reconocimiento del valor del seguro contiene el descarte automático de la inexistencia de la obligación de indemnizar por exclusión expresa, por corresponder a situaciones excluyentes entre sí.
Precisa la Corte que la cláusula de exclusión en un seguro de vida es la manifestación de la facultad con que cuenta el asegurador de asumir, a su arbitrio, pero con las restricciones de ley, todos o algunos de los riesgos a que esté expuesta la persona amparada, conforme lo autorizan los artículos 1056 y 1077 del Código de Comercio. En otros términos, mediante la misma se limita negativamente el “riesgo asegurado”, al dejar por fuera de cobertura algunas situaciones que podrían estar allí comprendidas y que, por ende, de acontecer no son indemnizables.
De tal manera que su consagración no conduce a la desaparición o alteración del componente económico previsto en favor de los beneficiarios, sino a la imposibilidad de que las reclamaciones por los hechos al margen de la protección tengan éxito.
Expone la Corte la incongruencia se configura si en la sentencia se impone un punto de vista desfasado o arbitrario, riñendo con los supuestos fácticos y las experiencias del gestor, fijados en las oportunidades de rigor; cuando no existe un pronunciamiento concreto sobre las “excepciones de mérito” expuestas en tiempo; así como cuando se tienen pro probadas defensas no esgrimidas en tiempo y que eran del resorte exclusivo del beneficiario, cual es el caso de la “prescripción, compensación y nulidad relativa” que deben ser alegadas expresamente “en la contestación de la demanda”.
4.3.Perjuicios a título de la inversión realizada por el arrendatario al establecimiento educativo y el pago de la renta por concepto del contrato de arrendamiento. Oportunidad y trámite para reclamar el pago de perjuicios derivados de la práctica de medida cautelar. Hermenéutica de los artículos 687 y 307 del Código de Procedimiento Civil (SC4958-2015; 28/04/2015) Pretende el demandante que, mediante proceso ordinario de responsabilidad civil, se declare que las Fundaciones demandadas, le turbaron el goce de un establecimiento educativo dado en arriendo, por lo que solicita el pago de los perjuicios ocasionados y la suma invertida al establecimiento educativo más la capitalización de intereses. El Juzgado de primera instancia denegó las pretensiones de la demanda al considerar que a pesar de estar demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por la inversión realizada al establecimiento educativo y el pago de la renta, sin poder disfrutar del bien por haber sido despojado de su tenencia. El fallo fue apelado por el demandante. El Tribunal confirmó la sentencia de primer grado. La Corte no casó la sentencia al considerar que el recurrente no acreditó los errores denunciados.

5. CONSEJO DE ESTADO

5.1.Banco de la República, preservación de estabilidad monetaria, función de medio
Sentencia del 20 de octubre de 2014. Radicación: 20001-23-31-000-2010-00327-01. Si bien la función del Banco de la República de preservar la estabilidad monetaria es de medio, es posible hablar de una vulneración de los derechos de los consumidores y usuarios, en el evento de acreditarse que por una omisión suya las tasas reales que pagan las entidades financieras en el marco de las operaciones activas o de captación, son negativas, ya que ello iría en desmedro del poder adquisitivo de la moneda de quienes se dedican a esta clase de actividades. Sin embargo, conforme al análisis realizado en los párrafos precedentes, se tiene que tal conducta no fue demostrada y contrario a ello, se acreditó que el cálculo de la tasa de interés remuneratorio realizado por la Junta se ciñó a los criterios establecidos en la sentencia C-955 de 2009, por lo que tampoco existió vulneración alguna a este derecho colectivo.

5.2.Seguro de cumplimiento, contrato estatal, indemnización
Sentencia del 12 de febrero de 2015. Radicación 25000-23-26-000-2003-00874-01. El seguro de cumplimiento que ampara las obligaciones emanadas de los contratos del Estado, por ser una especie del seguro de daños, de carácter patrimonial, está inspirado en el principio consagrado en el artículo 1088 del Código de Comercio, según el cual, respecto del asegurado, este tipo de seguro es contrato de mera indemnización y no puede constituir fuente de enriquecimiento; en otras palabras, los seguros de daños tienen como última finalidad indemnizar al asegurado o al beneficiario cuando su patrimonio es afectado por la realización del riesgo asegurado, lo que se conoce en materia de seguros como el principio de la indemnización.

5.3.SFC, función de supervisión, alcance. Intervención
Sentencia del 26 de febrero de 2015. Radicación:25000-23-26-000-2001-01574-01. Pese a que el Banco en liquidación no le devolvió a la demandante la totalidad de sus ahorros, dicha situación no le resulta imputable a la entidad vigilante, comoquiera que la función de supervisión no implica garantizar el patrimonio de los ahorradores, pues tal y como se expuso, el mercado financiero está inmerso en una serie de riesgos que no pueden ser asumidos por la entidad vigilante, pues, obedecen a factores externos que no están contemplados en la carga obligacional dispuesta en el EOSF, por el contrario, según éste, la Superintendencia debe asegurar el cumplimiento de las normas del sector financiero por parte de las entidades que desarrollan ese tipo de actividades, lo cual hace que la obligación a cargo sea de medio y no resultado.

5.4.Tribunal Disciplinario de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores vulneró el derecho fundamental al debido proceso, al rechazar de plano el recurso de reposición interpuesto contra el acto administrativo que negó el decreto y práctica de pruebas.
La Sociedad SERFISCAL LTDA. argumentó que el rechazo de los recursos interpuestos contra el Auto de 31 de julio de 2014 era vulneratorio de su derecho al debido proceso, por lo que esta Sala debe proceder a analizar el cargo argumentado, en la medida en que aquel implica el goce efectivo de las garantías constitucionales al interior de los procedimiento administrativos sancionatorios… en aplicación del principio de integración normativa debe acudirse a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o el Código Único Disciplinario en lo no regulado por la Ley 43 de 1990 a fin de establecer si le asistía derecho o no a la parte accionante a interponer recursos… la Corte sostuvo que era admisible aplicar el Código Contencioso Administrativo (hoy Ley 1437 de 2011) o el Código Único Disciplinario, por lo que, en virtud de la integración normativa resulta aplicable el artículo 113 del Código Único Disciplinario… debe advertirse que el artículo 115 del Código Único Disciplinario que contempla la posibilidad de interponer, también, el recurso de apelación contra la decisión que niega las pruebas solicitadas en los descargos no aplica a los procedimientos administrativos sancionatorios tramitados por el Tribunal Disciplinario de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores, en la medida en que a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1151 de 2007 esta tiene personería jurídica y no tiene Superior Funcional, de conformidad con lo expresado en el Concepto de 21 de febrero de 2008 proferido por la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación, con ponencia del Consejero Dr. Enrique José Arboleda Perdomo, radicado No. 2008-00002-00 (1874)… Por los motivos expuestos y en la medida en que se evidenció la vulneración del derecho fundamental al debido proceso y de los derechos invocados por la parte con la decisión de no conceder el recurso de reposición interpuesto contra el Auto de que negó las pruebas solicitadas por la Sociedad aquí accionante se concederá el amparo.

6. BANCO DE LA REPÚBLICA
6.1.Establecimientos de crédito, Normatividad sobre régimen de encaje
Resolución Externa 5 de 2015- (abril 24). Establece los porcentajes bajo los cuales los establecimientos de crédito deberán mantener un encaje ordinario, representado en depósitos en el Banco de la República o efectivo en caja, sobre el monto de cada una de sus exigibilidades en moneda legal.

7. CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA
7.1.Publican para comentarios proyecto de decreto que modifica el marco técnico normativo de la entidades que conforman el Grupo 1 (NIIF)
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo publica el proyecto de decreto “Por el cual se modifica parcialmente el marco técnico normativo de información financiera para los preparadores de la información financiera que conforman el Grupo 1 previsto en el Decreto 2784 de 2012, modificado por el anexo del Decreto 3023 de 2013 y el Decreto 2615 de 2014 y se dictan otras disposiciones”.
El proyecto de norma se publica sin anexo adjunto al mismo, que contiene el marco técnico de las normas de información financiera, toda vez que fue objeto de consulta pública y del debido proceso a que se refiere la Ley 1314 de 2009, por parte del Consejo Técnico de la Contaduría Pública.